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BLOG DE LA CASA DEL POBLE DE ALCOY

Frente a la paralización del gobierno, la utilización partidista de la crisis por el PP y la incapacidad de las direcciones sindicales para ofrecer una salida a la crisis capaz de iniciar la transformación del modelo económico actual, atendiendo al mismo tiempo a las necesidades del país y del pueblo trabajador, es preciso tomar la iniciativa, dando los primeros pasos para salir de la crisis y exigiendo la puesta en marcha de una serie de medidas concretas inmediatas.

 

I. Plan de ahorro y redistribución de los recursos del Estado

El Estado debe reducir un 5% sus gastos y mantenerlos congelados durante 4 años, redistribuyendo esos recursos a las necesidades populares y la transformación económica del país.

Transformar el modelo de crecimiento exige tomar como punto de partida un drástico plan de ahorro nacional que empiece por el mismo Estado. Desde la Administración central a las Comunidades Autonómicas y los Municipios.

Las administraciones, central, autonómica y local, se han convertido en un agujero negro de endeudamiento, clientelismo político y despilfarro.

En la última década, la deuda de las CCAA aumentó en un 137%, un 71% la de Ayuntamientos y un 53% la del Estado central. Sólo la Comunidad Valenciana debe más de 11.550 millones de euros, el 11, 4% de su PIB. Más del 90% de los alcaldes, “socialistas, populares o nacionalistas”, se subieron el sueldo tras las últimas elecciones, una media del 30%, hasta superar muchos los 100.000 euros anuales, como el de Mijas (PSOE) 126.000 euros; el de Barcelona (PSC) 117.398 o el alcalde de Las Rozas, Madrid, (PP) 101.875 euros.

Las TV autonómicas se tragan casi 2.000 millones de euros anuales (442 la Valenciana, 305 TV3 o los 245 millones de la RTVA andaluza) además de los 500 millones de TVE. La Fiscalía investiga los 32 millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en 1.583 informes, inútiles o ficticios, adjudicados a dedo a ex diputados, antiguos cargos y familiares del tripartito. La Junta de Andalucía ha destinado 60 millones de euros a rehabilitar el Palacio de San Telmo, sede del presidente Chaves, el triple de lo que destina a centros de salud, o 50 millones a una nueva sede de la RTVA. El Ayuntamiento de Madrid se gasta 458 millones de euros en obras en el Palacio de Cibeles pero sólo 106 millones en equipamientos básicos como escuelas infantiles y centros de formación.

No se trata de congelar el sueldo de los funcionarios (a quienes hay que exigirles aumento de la productividad y por lo tanto del sueldo), sino de cortar radicalmente el despilfarro, los gastos superfluos y suntuosos y todos los mecanismos encubiertos (contratación de “asesores”, “informes” ficticios, comisiones...); reduciendo los gastos a lo estrictamente necesario para garantizar unos servicios públicos dignos y de calidad. Un ahorro de miles de millones que hay que redistribuir para atender las necesidades populares (como la Ley de Dependencia o los recursos para sanidad y educación) y hacia la inversión productiva y el cambio de modelo de crecimiento.

Elevar las penas de cárcel y las sanciones económicas a quien malverse o robe el dinero público. Si el Tribunal Supremo ha elevado las penas a pederastas y terroristas, ¿por qué no ser más contundentes con el que roba el dinero de todos?

 

II. Reforzar el control democrático

Reforzar los mecanismos de regeneración de la vida política, de participación ciudadana y de control democrático para garantizar la aplicación de las medidas y planes contra la crisis.

La exclusión de la inmensa mayoría de la sociedad civil es uno de los principales problemas de nuestra democracia. Sólo un puñado de dirigentes políticos deciden sin someterse a ningún mecanismo de control ni rendir cuentas ante nadie, los profesionales capacitados apenas están presentes en los organismos de decisión y las comisiones de control se establecen después de que pasen las cosas y están manipuladas por los partidos. Sin cambiar esta situación será imposible garantizar la aplicación de medidas contra la crisis.

Por eso es necesaria una Ley de Participación Ciudadana y Control Democrático. Que exija la presentación pública de las cuentas de todas las administraciones; la obligación de establecer comisiones de control y seguimiento de los planes y medidas (independientes de los partidos políticos, formadas por profesionales y personalidades, por organismos sociales e instituciones ciudadanas de reconocido prestigio, honradez y profesionalidad), por ejemplo para el seguimiento de la Ley de Dependencia, del Plan Energético o la política de inversión de las Cajas.

Y por eso se necesita la ampliación de la “Mesa del Diálogo Social” al resto de organizaciones sindicales minoritarias y personalidades que aporten independencia y capacidad de buscar soluciones al margen de los intereses de pequeños y poderosos grupos de presión.

 

III. Inversión, ahorro e independencia energética

La base del cambio de modelo económico está en un ambicioso plan de ahorro nacional que permita la inversión de los recursos orientada principalmente a los sectores productivos estratégicos, innovadores y de alto valor añadido, y con una atención especial a reducir la dependencia energética externa.

Para eso es preciso tomar medidas tales como:

-Un plan energético nacional con el objetivo de reducir en 10 años a un tercio la actual dependencia energética exterior. En base al desarrollo de nuevas energías (solar, eólica, biocombustibles…) y la mejora y garantía de las centrales nucleares existentes.

-Un plan nacional de I+D+i a 10 años, para alcanzar como mínimo el 3% del PIB y colocarnos al nivel de inversión de los países avanzados de Europa. Con una correcta relación (50%-50%) en los recursos dedicados a investigación básica y a sus aplicaciones prácticas. Prioridad especial a las nuevas fuentes de energía.

-Creación de una Comisión Científica Nacional. Independiente de los partidos, integrada por profesionales, investigadores, y representantes de los sectores implicados (universidades, empresas, campo,...) que proponga estos planes y se responsabilice de su seguimiento y control.

-Acuerdo nacional de las fuerzas políticas y sindicales presentes en los consejos de administración de las Cajas de Ahorro –como entidades sin ánimo de lucro, semipúblicas y que concentran la mitad del ahorro nacional– para reorientar las inversiones de Cajas y del ICO hacia sectores productivos, la I+D+i, y la apertura de nuevos mercados exteriores.

-Negociación con la UE: ampliar el nivel de cuotas del campo español, de acuerdo a las nuevas condiciones: cuotas lecheras, la producción agrícola vinculada al desarrollo de los biocombustibles y alimentos más demandados en los mercados internacionales (cereales…).

 

IV. Garantizar y mejorar el poder adquisitivo de los salarios y pensiones

Elaboración de un nuevo Índice de Precios al Consumo de acuerdo al aumento de las mercancías, productos y servicios que componen la cesta real de consumo y gastos de una familia media, incluyendo el precio de la vivienda.

Los salarios han perdido en la última década un 4% de su poder adquisitivo. Tomar este nuevo IPC como base para la revisión anual automática de los salarios y pensiones. Tanto en las empresas como en la Administración ligar las subidas salariales, además de al IPC, a la productividad y los beneficios de las empresas.

Subida inmediata del SMI a 800 euros y equipar al SMI la pensión mínima (800 euros).

 

V. Ayudas a la economía familiar

Es preciso desactivar la soga al cuello en que se han convertido las hipotecas para millones de familias con dificultades para llegar a fin de mes; y poner coto a los precios de monopolio y las prácticas abusivas, cuando no directamente fraudulentas, de los oligopolios que controlan los servicios básicos del país.

-Revisión de la nueva Ley Hipotecaria que permita renegociar las hipotecas (sin gastos) para alargar los plazos sin aumentar los intereses totales. E introducir el periodo de carencia para las familias más necesitadas.

-Establecer un sistema regulado por el gobierno (como ocurre con las tarifas de la luz o el gas) de precios mínimos en origen y máximos en destino en alimentos frescos… Y congelar, mientras dure la crisis, los precios de los servicios básicos (combustibles, electricidad, comisiones de los bancos…) controlados por los oligopolios.

-Reforzar la independencia y las atribuciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, convirtiéndolo en un organismo verdaderamente independiente. Con capacidad para llevar ante los tribunales de justicia las prácticas abusivas, fraudulentas y monopolistas contra la competencia.

 

VI. Plan de choque contra el paro y apoyo a las PYMES

-Luchar contra el cierre de PYMES y la desaparición de autónomos en base a: la disminución de impuestos, la renegociación –sin gastos– de las deudas con bancos y Cajas y la apertura de nuevas líneas de crédito con el aval del Estado,...

-Potenciar un “Plan Renove” para la vivienda (rehabilitación y modernización de edificios, acondicionamiento energético…)

-Penalización al cierre de plantas de producción que se deslocalicen, obligándoles a devolver todas la subvenciones recibidas anteriormente para facilitar su instalación y mantenimiento.

-Cursos intensivos de formación para parados orientados a la especialización en los sectores de más demanda. Con el 100% del SMI durante el cursillo y hasta que se encuentre trabajo.

-Ampliación del IVA reducido en los productos de primera necesidad.

-Política fiscal especial para autónomos y PYMES y las empresas de nuevas tecnologías.

-Gasóleo profesional.

 

VII. Educación y sanidad

-Introducir ya en estos Presupuestos la elevación del porcentaje del PIB invertido en sanidad y educación, para progresivamente alcanzar en el plazo de 5 años porcentajes en torno al 15% del PIB en sanidad y el 6% en educación.

-Recuperación por parte del Estado de las competencias necesarias para asegurar una sanidad y una educación en iguales condiciones para todos los españoles independientemente del territorio en el que vivan.

Las repercusiones de la crisis mundial sobre España están poniendo de manifiesto –y lo van a hacer de forma creciente– las debilidades (endeudamiento y dependencia) sobre las que se levanta el crecimiento económico de las últimas décadas. Si no hay un giro en este modelo, no es en absoluto descabellado suponer que –dada la envergadura y la dimensión que está adquiriendo la crisis financiera mundial– nuestro país pueda llegar a enfrentarse en el futuro inmediato a una auténtica crisis nacional. Por eso es por lo que es urgente un gran pacto o acuerdo nacional para poner en marcha un plan de ahorro e inversión que acabe con las cuatro grandes dependencias y cambie el modelo de crecimiento económico del país.

El gobierno de Zapatero está enrocado en minimizar la crisis y sus efectos sobre la economía española, sin reconocer su responsabilidad –evidentemente no en la crisis de las “hipotecas basura” con origen en EEUU– en las causas específicas que agravan la crisis en nuestro país. ¿Porqué han mantenido un modelo económico (el del ladrillo) heredado de las etapas anteriores cuando todo indicaba que había que cambiarlo? ¿Por qué no se ha aprovechado las etapas de crecimiento para abordar los cambios estructurales que permitieran hacer de la nuestra una economía avanzada y competitiva? ¿Por qué no se han aprovechado los años de crecimiento, “de vacas gordas”, para impulsar una redistribución más justa de la riqueza?

Y sobre todo, ¿por qué no se han abordado los problemas estructurales de nuestra economía, concentrados en la dependencia del exterior, un modelo basado en la construcción, el despilfarro de los recursos públicos en todos los niveles de la administración (central, autonómica y local) y una distribución de la riqueza que beneficia sobre todo a los sectores económicamente más poderosos del país? Basta mirar cómo durante quince años han crecido hasta el 73% los beneficios del IBEX-35 mientras los salarios perdían el 4% de su poder adquisitivo.

Aunque los efectos más sangrantes de la crisis se concentran en el pueblo trabajador, la crisis afecta al conjunto de la nación y a los intereses de la inmensa mayoría de los diferentes sectores sociales. Es por eso que el interés común está en dar una respuesta común a la crisis, articulando un gran pacto nacional que implique al conjunto de la nación en una salida a la crisis que siente las bases para acabar con las cuatro grandes dependencias, cree una economía altamente competitiva y su riqueza está al servicio de los intereses nacionales y de las necesidades de la mayoría del país. Pacto nacional para el que se precisa –y al que hay que llamar en su apoyo– la participación del conjunto de fuerzas sociales, políticas, sindicales y económicas del país, a personalidades y profesionales.

Una respuesta que ha de empezar por comprometerse con un plan de ahorro nacional que parta en primer lugar de apretar el cinturón a las mismas cuentas del Estado en todos sus niveles, el central, autonómico y municipal, que en su conjunto se han convertido en un auténtico agujero negro de endeudamiento, despilfarro y clientelismo político. Baste recordar que en los últimos diez años la deuda de las Comunidades Autónomas aumentó un 173%, un 71% la de los Ayuntamientos y otro 53% la del Estado. Por no hablar del despilfarro en las empresas y televisiones públicas, el pago de comisiones y “asesores”, los gastos suntuosos e innecesarios, etc

Ninguna alternativa puede ponerse en pie hoy en España sin promover al mismo tiempo la regeneración de la vida política del país, de forma que los ciudadanos tengan cada vez más instrumentos de intervención y control sobre las diferentes administraciones. Potenciar los instrumentos de participación ciudadana, de los profesionales en los planes científicos, de los trabajadores y todos los sindicatos –no sólo los mayoritarios– en el control de los planes de las empresas, de las comisiones de control en los planes de las Administraciones, de las asociaciones de consumidores en los precios, incluso abriendo la perspectiva de una cambio en la ley electoral que potencie las listas abiertas, es absolutamente imprescindible.

 

1.- La dependencia de la financiación exterior

 

            En la actualidad, España es el país proporcionalmente más endeudado del mundo, con mayor deuda per cápita del planeta y el segundo, en términos absolutos (sólo por detrás de EEUU), que más financiación exterior necesita para su crecimiento económico. No estamos hablando de la deuda pública (la deuda del Estado), sino de la deuda privada, los préstamos del capital extranjero a los que tienen que recurrir bancos y grandes empresas para financiar el crecimiento del PIB y el suyo propio.

Una situación que se ha agravado extraordinariamente en los últimos años, dado que este endeudamiento es de un tipo sustancialmente diferente al de Estados Unidos, que lo utiliza para mantener e incrementar su supremacía política y militar mundial, lo cual a su vez le permite seguir endeudándose en unas condiciones sumamente ventajosas. Y también al de los países emergentes, que lo han invertido en relanzar su competitividad y aumentar su peso en la economía global, lo que ha convertido su inicial endeudamiento en una fuente de creación de riqueza que les ha permitido, junto a sus altas tasas de ahorro, pasar a disponer rápidamente de enormes superávits.

Por el contrario, la banca y las grandes empresas españolas han destinado gran parte de esa financiación exterior a un sector (el de construcción, que en 2005 se llevaba el 31,8% de la formación bruta de capital fijo) de baja productividad, escaso valor añadido y sumido actualmente en una crisis cuyas peores consecuencias están todavía por llegar. Y otra parte sustancial a dar el salto a la expansión internacional y a su transformación en auténticas multinacionales de alcance global. Pero que al estallar la crisis se han encontrado con que la intensidad con que en el pasado recurrieron a la financiación exterior para aumentar su dotación de capital y financiar el proceso de internacionalización, corre pareja con la vulnerabilidad que presenta su escaso músculo financiero –atrapado además por las crecientes exigencias de una deuda hipertrofiada, la imposibilidad de recurrir a nuevas líneas de crédito y las dificultades para renegociar la ya adquirida– ante los grandes capitales internacionales. Lo que está colocando a algunas (y ya veremos si no muchas) de ellas ante la necesidad de vender (o malvender incluso) muchos de los activos que adquirieron en años pasados a fin de evitar que el pago de los intereses de la deuda acumulada les estrangule financieramente y acabe con ellas.

En 2006, la economía española necesitó 83.000 millones de euros (el 8,5% del PIB) para financiar su crecimiento. En 2007, las necesidades habían subido ya a 106.388 millones de euros (el 9,65% del PIB). En el primer trimestre de 2008 han sido necesarios 32.552 millones (lo que, de continuar ese ritmo, significaría que habrá necesitado a fin de año 130.208 millones, un 12,1% del PIB). La deuda exterior acumulada suma actualmente 865.000 millones de euros.

Todos y cada uno de los sectores de la sociedad española sufre de este alto nivel de endeudamiento: las familias, las empresas, los bancos y cajas de ahorro, las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales,... La suma de todas ellas hacen del nuestro un país obligado a depender de la financiación exterior. Y no por efecto de ninguna maldición bíblica o defecto congénito, sino por el modelo de crecimiento seguido por la clase política y los principales centros de poder económicos del país en estas tres décadas.

De seguir incrementándose a esta velocidad, la deuda exterior pronto alcanzará el 80% del PIB, una situación insostenible y que colocaría al país en una situación cercana a la “quiebra técnica”, a la suspensión de pagos. Un poco al estilo –salvando las distancias– a lo que ocurrió con el corralito argentino. Acabar con esa dependencia de financiación exterior se ha convertido en una cuestión vital para el país.

 

 

2.- La dependencia de unos pocos mercados

 

            Cerca del 60% de las exportaciones españolas tienen como destino la Unión Europea. Y, de ella, sólo 4 países (Francia, Alemania, Italia e Inglaterra) se llevan más de los dos tercios. ¿Por qué en un mundo de 6.000 millones de habitantes, las exportaciones de la economía española prácticamente sólo se dirigen a un 5% del mercado mundial, aunque sea uno de los mercados con mayor capacidad adquisitiva del mundo?

España, según su PIB nominal, es la octava economía del mundo. Sin embargo, ¿qué y para quién producimos? ¿Es la nuestra una economía diversificada, competitiva y capaz de desenvolverse por sí sola en el mercado mundial?

Un rápido retrato del sector del automóvil –que, junto a la fabricación de sus componentes, suma más del 10% del PIB y el 11,2% de las exportaciones totales españolas– nos puede ayudar a hacernos una idea cabal de la realidad.

España es el séptimo mayor fabricante de automóviles del mundo y en 2007 produjo 2,9 millones de vehículos. Pero vistos así los datos, no pasan de ser un puro espejismo. Atendiendo sólo a ellos nos haríamos una visión parcial, incompleta y distorsionada de la realidad.

Pues el 100% de su fabricación–y por tanto de los beneficios– está en manos del capital extranjero, de las grandes multinacionales mundiales de la automoción. El 82% de los vehículos que fabricamos se destinan a la exportación y el grueso de ellos se venden a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.

Pero además, dentro del proceso global de fabricación de automóviles, estas multinacionales guardan para sí las partes del proceso de producción más cualitativas y que más valor añadido producen, creándose una relación comercial entre las fábricas españoles y sus casas matrices a la que sólo se puede calificar con el término de intercambio desigual, el mismo concepto que sirve para definir las relaciones entre los países desarrollados y los países empobrecidos. Mientras los fabricantes con sede en territorio español exportan el 80% de sus coches a la Unión Europea, España importa gran parte de su parque automovilístico (los vehículo de gama alta y media-alta) de los centros de producción con más valor añadido del centro de Europa. Lo que crea la extraordinaria paradoja de que siendo uno de los mayores fabricantes mundiales y produciendo casi 5 veces más de los vehículos que consume, nuestro país tenga un saldo negativo de más de 70.000 millones de las antiguas pesetas en la balanza comercial de importación-exportación de vehículos.

Si a eso le añadimos que las partes más cualitativas del proceso de producción (investigación e innovación, desarrollo tecnológico, diseño,..., lo cual a su vez significa más pagos por patentes y royalties) permanecen en los países de origen, obtendremos un cuadro más completo de la realidad de la economía española y su dependencia cautiva de unos pocos mercados de las grandes economías europeas.

Diversificar los mercados externos –para lo cual es imprescindible, a su vez, diversificar la producción y los sectores industriales en que invertimos–, aprovechar los lazos políticos, históricos y culturales de España con distintas áreas del mundo (Iberoamérica, Magreb, países árabes,...) para abrir nuevos mercados, dirigirse al área regional más dinámica y emergente del mundo (Asia) para romper con la dependencia de unos pocos mercados y la “cautividad” que imponen al sistema productivo español (condenándonos a no producir lo que más nos interesa, más beneficios produce o más competitivos podemos ser, sino lo que esos mercados demandan) son otras tantas tareas de largo alcance pendientes.

 

 

3.- La dependencia energética

 

            La enorme dependencia de la nuestro país de fuentes energéticas externas –el petróleo y el gas, fundamentalmente, pero también la energía nuclear francesa– es uno de los lastres históricos de la economía española. Lastre agravado en los últimos años por el extraordinario encarecimiento del precio del petróleo.

Limitar considerablemente –o poner fin– a esta dependencia energética debería ser un objetivo estratégico para la economía del país. Recursos hay para ello. El único problema es de decisión y voluntad política.

La energía nuclear es una de las posibles alternativas. Pero dada la desconfianza social que genera y el rechazo de una parte no desdeñable de la sociedad, su posible utilización requeriría de un profundo y sereno debate capaz de dar lugar a un amplio consenso nacional sobre las condiciones y los límites en que el país está dispuesto a servirse de ella.

En la utilización de energías renovables, es necesario estudiar las potencialidades de expansión a todo el país (o a los lugares donde las condiciones físicas lo hagan posible) que muestra el modelo de Navarra, donde actualmente el 47% de la energía que consume la comunidad foral es eólica, aunque presenta distintos problemas todavía sin resolver (precio más elevado, desacoplamiento entre los momentos de máxima demanda y producción,...).

Los biocombustibles son otra alternativa viable y a considerar. Pues a pesar de los recelos que despierta entre distintos sectores sociales por su posible incidencia en el aumento del precio de productos alimenticios básicos, el ejemplo de Brasil, el mayor productor mundial de biocombustible desde la caña de azúcar, está demostrando cómo es posible combinar autosuficiencia energética por vías alternativas con reducción, al mismo tiempo, de la pobreza social.

De lo que estamos hablando, en definitiva, es de la necesidad de reducir el consumo de energías fósiles –que representan un 15% del total de las importaciones españolas– a través de un Plan Nacional que establezca tanto los objetivos de reducción a corto, medio y largo plazo, como los medios necesarios para ello.

 

 

4.- La dependencia de cuotas y límites de producción

             

            No es admisible bajo ningún punto de vista que la pertenencia a la UE signifique para España la imposición de una serie de cuotas y de límites a la producción en diversos sectores que, sencillamente, no están de acuerdo con las necesidades nacionales ni con las potencialidades de esos sectores productivos.

Agricultura. ganadería y pesca son en la actualidad los sectores más afectados por estas cuotas de producción, fijadas no por las necesidades de consumo internas ni por la capacidad de producción de esos sectores, sino por los dictados impuestos por Bruselas, en los que el escaso peso político de España –fruto de la ausencia de un auténtico consenso nacional sobre este asunto– juega un papel de primer orden en las negociaciones.

Ganar peso político y económico en la UE es la condición necesaria –aunque no suficiente, también hace falta voluntad y decisión política– para  renegociar nuevos acuerdos que no limiten la capacidad de los sectores productivos españoles. Poniendo así fin a su dependencia de cuotas ajenas a nuestras necesidades, lo que constituye otro de los objetivos de largo alcance para la economía española.

En los últimos 30 años, desde la muerte de Franco y el inicio de la transición, la modernización de la economía española y su desarrollo hasta convertirse en la octava potencia económica del mundo es reconocida casi unánimemente como uno de los mayores logros del nuevo régimen democrático. De forma especial, en la última década se ha llegado a hablar del nuevo “milagro económico” español: un crecimiento sostenido ininterrumpidamente a una tasa anual media del 3,5%.

Sin embargo, la profundidad y la dimensión de la crisis financiera mundial está empezado a sacar a la luz la cara oculta de este crecimiento, hasta ahora invisible para muchos:  las severas limitaciones, la extrema vulnerabilidad y la profunda fragilidad del modelo de desarrollo seguido por la economía española en este tiempo. Hoy todo el mundo sospecha que España es uno de los países de Europa llamado a sufrir las peores consecuencias de la recesión y la crisis.

El modelo de desarrollo económico de nuestro país en estas tres décadas ha estado marcado por dos etapas que, aunque claramente diferenciadas, están presididas por lo que podríamos llamar un mismo hilo conductor: el aumento de su dependencia del capital y de los mercados de unas pocas economías desarrolladas.

En la primera etapa, los gobiernos de Felipe González procedieron a una amplia liquidación o  a la venta al capital extranjero de una parte no desdeñable del tejido productivo español. Acentuando de una forma excesiva la orientación de la economía española hacia la producción de los bienes y servicios que los mercados de las grandes economías europeas demandaban. La afluencia de fondos estructurales y de cohesión desde Bruselas permitió, hasta cierto punto, ocultar esta considerable pérdida de fuentes de riqueza nacional y esta cautiva subordinación hacia unos pocos mercados. La virulencia de la crisis de 1992-1995 mostró las profundas fragilidades y la vulnerabilidad de ese camino de desarrollo.

En la segunda etapa –bajo los gobiernos de Aznar primero, pero cuyo modelo ha sido miméticamente repetido por Zapatero después–, la España que “va bien”, con un crecimiento anual medio superior al 3,5% del PIB, ha estado sostenida por un creciente endeudamiento exterior que ha llevado a España a convertirse en el país proporcionalmente más endeudado del mundo. Y con un volumen de déficit exterior que ocupa ya el segundo lugar del mundo, sólo por detrás de EEUU.

La combinación de ambos factores ha creado un modelo de desarrollo económico sometido al pesado lastre de la dependencia de la financiación exterior, la subordinación del sistema productivo a las necesidades de unos pocos mercados desarrollados, el enorme costo de la factura energética y la insólita prohibición de rebasar unas cuotas de producción de una serie de productos y mercancías (concentradas ahora en los sectores primarios de la economía) que no sólo están por debajo de la capacidad productiva real de esos sectores, sino en ocasiones por debajo incluso de las propias necesidades nacionales y su demanda interna.

Un modelo de crecimiento, en definitiva, que se enfrenta a una doble crisis, la externa de los mercados financieros y la interna del agotamiento de un modelo basado casi exclusivamente en el “ladrillo” y el consumo mediante el endeudamiento de familias y empresas. Y cuya capacidad de respuesta al doble desafío de la crisis se ve seriamente limitada por las 4 grandes dependencias sobre las que se ha construido nuestro modelo de crecimiento. Lo que hace previsible que la virulencia de la crisis se desarrolle en los próximos meses y años en nuestro país con una intensidad mayor y una más acusada destrucción de empleo y riqueza nacional que en el resto de economías desarrolladas.

Lo cual, a su vez, pone sobre el tapete la necesidad de un GRAN PACTO NACIONAL entre el conjunto de fuerzas políticas, sociales y sindicales del país para abordar de una forma lo más amplia y unitaria posible el cambio y la reorientación de este modelo de crecimiento.