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BLOG DE LA CASA DEL POBLE DE ALCOY

Frente a la paralización del gobierno, la utilización partidista de la crisis por el PP y la incapacidad de las direcciones sindicales para ofrecer una salida a la crisis capaz de iniciar la transformación del modelo económico actual, atendiendo al mismo tiempo a las necesidades del país y del pueblo trabajador, es preciso tomar la iniciativa, dando los primeros pasos para salir de la crisis y exigiendo la puesta en marcha de una serie de medidas concretas inmediatas.

 

I. Plan de ahorro y redistribución de los recursos del Estado

El Estado debe reducir un 5% sus gastos y mantenerlos congelados durante 4 años, redistribuyendo esos recursos a las necesidades populares y la transformación económica del país.

Transformar el modelo de crecimiento exige tomar como punto de partida un drástico plan de ahorro nacional que empiece por el mismo Estado. Desde la Administración central a las Comunidades Autonómicas y los Municipios.

Las administraciones, central, autonómica y local, se han convertido en un agujero negro de endeudamiento, clientelismo político y despilfarro.

En la última década, la deuda de las CCAA aumentó en un 137%, un 71% la de Ayuntamientos y un 53% la del Estado central. Sólo la Comunidad Valenciana debe más de 11.550 millones de euros, el 11, 4% de su PIB. Más del 90% de los alcaldes, “socialistas, populares o nacionalistas”, se subieron el sueldo tras las últimas elecciones, una media del 30%, hasta superar muchos los 100.000 euros anuales, como el de Mijas (PSOE) 126.000 euros; el de Barcelona (PSC) 117.398 o el alcalde de Las Rozas, Madrid, (PP) 101.875 euros.

Las TV autonómicas se tragan casi 2.000 millones de euros anuales (442 la Valenciana, 305 TV3 o los 245 millones de la RTVA andaluza) además de los 500 millones de TVE. La Fiscalía investiga los 32 millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en 1.583 informes, inútiles o ficticios, adjudicados a dedo a ex diputados, antiguos cargos y familiares del tripartito. La Junta de Andalucía ha destinado 60 millones de euros a rehabilitar el Palacio de San Telmo, sede del presidente Chaves, el triple de lo que destina a centros de salud, o 50 millones a una nueva sede de la RTVA. El Ayuntamiento de Madrid se gasta 458 millones de euros en obras en el Palacio de Cibeles pero sólo 106 millones en equipamientos básicos como escuelas infantiles y centros de formación.

No se trata de congelar el sueldo de los funcionarios (a quienes hay que exigirles aumento de la productividad y por lo tanto del sueldo), sino de cortar radicalmente el despilfarro, los gastos superfluos y suntuosos y todos los mecanismos encubiertos (contratación de “asesores”, “informes” ficticios, comisiones...); reduciendo los gastos a lo estrictamente necesario para garantizar unos servicios públicos dignos y de calidad. Un ahorro de miles de millones que hay que redistribuir para atender las necesidades populares (como la Ley de Dependencia o los recursos para sanidad y educación) y hacia la inversión productiva y el cambio de modelo de crecimiento.

Elevar las penas de cárcel y las sanciones económicas a quien malverse o robe el dinero público. Si el Tribunal Supremo ha elevado las penas a pederastas y terroristas, ¿por qué no ser más contundentes con el que roba el dinero de todos?

 

II. Reforzar el control democrático

Reforzar los mecanismos de regeneración de la vida política, de participación ciudadana y de control democrático para garantizar la aplicación de las medidas y planes contra la crisis.

La exclusión de la inmensa mayoría de la sociedad civil es uno de los principales problemas de nuestra democracia. Sólo un puñado de dirigentes políticos deciden sin someterse a ningún mecanismo de control ni rendir cuentas ante nadie, los profesionales capacitados apenas están presentes en los organismos de decisión y las comisiones de control se establecen después de que pasen las cosas y están manipuladas por los partidos. Sin cambiar esta situación será imposible garantizar la aplicación de medidas contra la crisis.

Por eso es necesaria una Ley de Participación Ciudadana y Control Democrático. Que exija la presentación pública de las cuentas de todas las administraciones; la obligación de establecer comisiones de control y seguimiento de los planes y medidas (independientes de los partidos políticos, formadas por profesionales y personalidades, por organismos sociales e instituciones ciudadanas de reconocido prestigio, honradez y profesionalidad), por ejemplo para el seguimiento de la Ley de Dependencia, del Plan Energético o la política de inversión de las Cajas.

Y por eso se necesita la ampliación de la “Mesa del Diálogo Social” al resto de organizaciones sindicales minoritarias y personalidades que aporten independencia y capacidad de buscar soluciones al margen de los intereses de pequeños y poderosos grupos de presión.

 

III. Inversión, ahorro e independencia energética

La base del cambio de modelo económico está en un ambicioso plan de ahorro nacional que permita la inversión de los recursos orientada principalmente a los sectores productivos estratégicos, innovadores y de alto valor añadido, y con una atención especial a reducir la dependencia energética externa.

Para eso es preciso tomar medidas tales como:

-Un plan energético nacional con el objetivo de reducir en 10 años a un tercio la actual dependencia energética exterior. En base al desarrollo de nuevas energías (solar, eólica, biocombustibles…) y la mejora y garantía de las centrales nucleares existentes.

-Un plan nacional de I+D+i a 10 años, para alcanzar como mínimo el 3% del PIB y colocarnos al nivel de inversión de los países avanzados de Europa. Con una correcta relación (50%-50%) en los recursos dedicados a investigación básica y a sus aplicaciones prácticas. Prioridad especial a las nuevas fuentes de energía.

-Creación de una Comisión Científica Nacional. Independiente de los partidos, integrada por profesionales, investigadores, y representantes de los sectores implicados (universidades, empresas, campo,...) que proponga estos planes y se responsabilice de su seguimiento y control.

-Acuerdo nacional de las fuerzas políticas y sindicales presentes en los consejos de administración de las Cajas de Ahorro –como entidades sin ánimo de lucro, semipúblicas y que concentran la mitad del ahorro nacional– para reorientar las inversiones de Cajas y del ICO hacia sectores productivos, la I+D+i, y la apertura de nuevos mercados exteriores.

-Negociación con la UE: ampliar el nivel de cuotas del campo español, de acuerdo a las nuevas condiciones: cuotas lecheras, la producción agrícola vinculada al desarrollo de los biocombustibles y alimentos más demandados en los mercados internacionales (cereales…).

 

IV. Garantizar y mejorar el poder adquisitivo de los salarios y pensiones

Elaboración de un nuevo Índice de Precios al Consumo de acuerdo al aumento de las mercancías, productos y servicios que componen la cesta real de consumo y gastos de una familia media, incluyendo el precio de la vivienda.

Los salarios han perdido en la última década un 4% de su poder adquisitivo. Tomar este nuevo IPC como base para la revisión anual automática de los salarios y pensiones. Tanto en las empresas como en la Administración ligar las subidas salariales, además de al IPC, a la productividad y los beneficios de las empresas.

Subida inmediata del SMI a 800 euros y equipar al SMI la pensión mínima (800 euros).

 

V. Ayudas a la economía familiar

Es preciso desactivar la soga al cuello en que se han convertido las hipotecas para millones de familias con dificultades para llegar a fin de mes; y poner coto a los precios de monopolio y las prácticas abusivas, cuando no directamente fraudulentas, de los oligopolios que controlan los servicios básicos del país.

-Revisión de la nueva Ley Hipotecaria que permita renegociar las hipotecas (sin gastos) para alargar los plazos sin aumentar los intereses totales. E introducir el periodo de carencia para las familias más necesitadas.

-Establecer un sistema regulado por el gobierno (como ocurre con las tarifas de la luz o el gas) de precios mínimos en origen y máximos en destino en alimentos frescos… Y congelar, mientras dure la crisis, los precios de los servicios básicos (combustibles, electricidad, comisiones de los bancos…) controlados por los oligopolios.

-Reforzar la independencia y las atribuciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, convirtiéndolo en un organismo verdaderamente independiente. Con capacidad para llevar ante los tribunales de justicia las prácticas abusivas, fraudulentas y monopolistas contra la competencia.

 

VI. Plan de choque contra el paro y apoyo a las PYMES

-Luchar contra el cierre de PYMES y la desaparición de autónomos en base a: la disminución de impuestos, la renegociación –sin gastos– de las deudas con bancos y Cajas y la apertura de nuevas líneas de crédito con el aval del Estado,...

-Potenciar un “Plan Renove” para la vivienda (rehabilitación y modernización de edificios, acondicionamiento energético…)

-Penalización al cierre de plantas de producción que se deslocalicen, obligándoles a devolver todas la subvenciones recibidas anteriormente para facilitar su instalación y mantenimiento.

-Cursos intensivos de formación para parados orientados a la especialización en los sectores de más demanda. Con el 100% del SMI durante el cursillo y hasta que se encuentre trabajo.

-Ampliación del IVA reducido en los productos de primera necesidad.

-Política fiscal especial para autónomos y PYMES y las empresas de nuevas tecnologías.

-Gasóleo profesional.

 

VII. Educación y sanidad

-Introducir ya en estos Presupuestos la elevación del porcentaje del PIB invertido en sanidad y educación, para progresivamente alcanzar en el plazo de 5 años porcentajes en torno al 15% del PIB en sanidad y el 6% en educación.

-Recuperación por parte del Estado de las competencias necesarias para asegurar una sanidad y una educación en iguales condiciones para todos los españoles independientemente del territorio en el que vivan.