PONER FIN A LAS 4 GRANDES DEPENDENCIAS
1.- La dependencia de la financiación exterior
En la actualidad, España es el país proporcionalmente más endeudado del mundo, con mayor deuda per cápita del planeta y el segundo, en términos absolutos (sólo por detrás de EEUU), que más financiación exterior necesita para su crecimiento económico. No estamos hablando de la deuda pública (la deuda del Estado), sino de la deuda privada, los préstamos del capital extranjero a los que tienen que recurrir bancos y grandes empresas para financiar el crecimiento del PIB y el suyo propio.
Una situación que se ha agravado extraordinariamente en los últimos años, dado que este endeudamiento es de un tipo sustancialmente diferente al de Estados Unidos, que lo utiliza para mantener e incrementar su supremacía política y militar mundial, lo cual a su vez le permite seguir endeudándose en unas condiciones sumamente ventajosas. Y también al de los países emergentes, que lo han invertido en relanzar su competitividad y aumentar su peso en la economía global, lo que ha convertido su inicial endeudamiento en una fuente de creación de riqueza que les ha permitido, junto a sus altas tasas de ahorro, pasar a disponer rápidamente de enormes superávits.
Por el contrario, la banca y las grandes empresas españolas han destinado gran parte de esa financiación exterior a un sector (el de construcción, que en 2005 se llevaba el 31,8% de la formación bruta de capital fijo) de baja productividad, escaso valor añadido y sumido actualmente en una crisis cuyas peores consecuencias están todavía por llegar. Y otra parte sustancial a dar el salto a la expansión internacional y a su transformación en auténticas multinacionales de alcance global. Pero que al estallar la crisis se han encontrado con que la intensidad con que en el pasado recurrieron a la financiación exterior para aumentar su dotación de capital y financiar el proceso de internacionalización, corre pareja con la vulnerabilidad que presenta su escaso músculo financiero –atrapado además por las crecientes exigencias de una deuda hipertrofiada, la imposibilidad de recurrir a nuevas líneas de crédito y las dificultades para renegociar la ya adquirida– ante los grandes capitales internacionales. Lo que está colocando a algunas (y ya veremos si no muchas) de ellas ante la necesidad de vender (o malvender incluso) muchos de los activos que adquirieron en años pasados a fin de evitar que el pago de los intereses de la deuda acumulada les estrangule financieramente y acabe con ellas.
En 2006, la economía española necesitó 83.000 millones de euros (el 8,5% del PIB) para financiar su crecimiento. En 2007, las necesidades habían subido ya a 106.388 millones de euros (el 9,65% del PIB). En el primer trimestre de 2008 han sido necesarios 32.552 millones (lo que, de continuar ese ritmo, significaría que habrá necesitado a fin de año 130.208 millones, un 12,1% del PIB). La deuda exterior acumulada suma actualmente 865.000 millones de euros.
Todos y cada uno de los sectores de la sociedad española sufre de este alto nivel de endeudamiento: las familias, las empresas, los bancos y cajas de ahorro, las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales,... La suma de todas ellas hacen del nuestro un país obligado a depender de la financiación exterior. Y no por efecto de ninguna maldición bíblica o defecto congénito, sino por el modelo de crecimiento seguido por la clase política y los principales centros de poder económicos del país en estas tres décadas.
De seguir incrementándose a esta velocidad, la deuda exterior pronto alcanzará el 80% del PIB, una situación insostenible y que colocaría al país en una situación cercana a la “quiebra técnica”, a la suspensión de pagos. Un poco al estilo –salvando las distancias– a lo que ocurrió con el corralito argentino. Acabar con esa dependencia de financiación exterior se ha convertido en una cuestión vital para el país.
2.- La dependencia de unos pocos mercados
Cerca del 60% de las exportaciones españolas tienen como destino la Unión Europea. Y, de ella, sólo 4 países (Francia, Alemania, Italia e Inglaterra) se llevan más de los dos tercios. ¿Por qué en un mundo de 6.000 millones de habitantes, las exportaciones de la economía española prácticamente sólo se dirigen a un 5% del mercado mundial, aunque sea uno de los mercados con mayor capacidad adquisitiva del mundo?
España, según su PIB nominal, es la octava economía del mundo. Sin embargo, ¿qué y para quién producimos? ¿Es la nuestra una economía diversificada, competitiva y capaz de desenvolverse por sí sola en el mercado mundial?
Un rápido retrato del sector del automóvil –que, junto a la fabricación de sus componentes, suma más del 10% del PIB y el 11,2% de las exportaciones totales españolas– nos puede ayudar a hacernos una idea cabal de la realidad.
España es el séptimo mayor fabricante de automóviles del mundo y en 2007 produjo 2,9 millones de vehículos. Pero vistos así los datos, no pasan de ser un puro espejismo. Atendiendo sólo a ellos nos haríamos una visión parcial, incompleta y distorsionada de la realidad.
Pues el 100% de su fabricación–y por tanto de los beneficios– está en manos del capital extranjero, de las grandes multinacionales mundiales de la automoción. El 82% de los vehículos que fabricamos se destinan a la exportación y el grueso de ellos se venden a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.
Pero además, dentro del proceso global de fabricación de automóviles, estas multinacionales guardan para sí las partes del proceso de producción más cualitativas y que más valor añadido producen, creándose una relación comercial entre las fábricas españoles y sus casas matrices a la que sólo se puede calificar con el término de intercambio desigual, el mismo concepto que sirve para definir las relaciones entre los países desarrollados y los países empobrecidos. Mientras los fabricantes con sede en territorio español exportan el 80% de sus coches a la Unión Europea, España importa gran parte de su parque automovilístico (los vehículo de gama alta y media-alta) de los centros de producción con más valor añadido del centro de Europa. Lo que crea la extraordinaria paradoja de que siendo uno de los mayores fabricantes mundiales y produciendo casi 5 veces más de los vehículos que consume, nuestro país tenga un saldo negativo de más de 70.000 millones de las antiguas pesetas en la balanza comercial de importación-exportación de vehículos.
Si a eso le añadimos que las partes más cualitativas del proceso de producción (investigación e innovación, desarrollo tecnológico, diseño,..., lo cual a su vez significa más pagos por patentes y royalties) permanecen en los países de origen, obtendremos un cuadro más completo de la realidad de la economía española y su dependencia cautiva de unos pocos mercados de las grandes economías europeas.
Diversificar los mercados externos –para lo cual es imprescindible, a su vez, diversificar la producción y los sectores industriales en que invertimos–, aprovechar los lazos políticos, históricos y culturales de España con distintas áreas del mundo (Iberoamérica, Magreb, países árabes,...) para abrir nuevos mercados, dirigirse al área regional más dinámica y emergente del mundo (Asia) para romper con la dependencia de unos pocos mercados y la “cautividad” que imponen al sistema productivo español (condenándonos a no producir lo que más nos interesa, más beneficios produce o más competitivos podemos ser, sino lo que esos mercados demandan) son otras tantas tareas de largo alcance pendientes.
3.- La dependencia energética
La enorme dependencia de la nuestro país de fuentes energéticas externas –el petróleo y el gas, fundamentalmente, pero también la energía nuclear francesa– es uno de los lastres históricos de la economía española. Lastre agravado en los últimos años por el extraordinario encarecimiento del precio del petróleo.
Limitar considerablemente –o poner fin– a esta dependencia energética debería ser un objetivo estratégico para la economía del país. Recursos hay para ello. El único problema es de decisión y voluntad política.
La energía nuclear es una de las posibles alternativas. Pero dada la desconfianza social que genera y el rechazo de una parte no desdeñable de la sociedad, su posible utilización requeriría de un profundo y sereno debate capaz de dar lugar a un amplio consenso nacional sobre las condiciones y los límites en que el país está dispuesto a servirse de ella.
En la utilización de energías renovables, es necesario estudiar las potencialidades de expansión a todo el país (o a los lugares donde las condiciones físicas lo hagan posible) que muestra el modelo de Navarra, donde actualmente el 47% de la energía que consume la comunidad foral es eólica, aunque presenta distintos problemas todavía sin resolver (precio más elevado, desacoplamiento entre los momentos de máxima demanda y producción,...).
Los biocombustibles son otra alternativa viable y a considerar. Pues a pesar de los recelos que despierta entre distintos sectores sociales por su posible incidencia en el aumento del precio de productos alimenticios básicos, el ejemplo de Brasil, el mayor productor mundial de biocombustible desde la caña de azúcar, está demostrando cómo es posible combinar autosuficiencia energética por vías alternativas con reducción, al mismo tiempo, de la pobreza social.
De lo que estamos hablando, en definitiva, es de la necesidad de reducir el consumo de energías fósiles –que representan un 15% del total de las importaciones españolas– a través de un Plan Nacional que establezca tanto los objetivos de reducción a corto, medio y largo plazo, como los medios necesarios para ello.
4.- La dependencia de cuotas y límites de producción
No es admisible bajo ningún punto de vista que la pertenencia a la UE signifique para España la imposición de una serie de cuotas y de límites a la producción en diversos sectores que, sencillamente, no están de acuerdo con las necesidades nacionales ni con las potencialidades de esos sectores productivos.
Agricultura. ganadería y pesca son en la actualidad los sectores más afectados por estas cuotas de producción, fijadas no por las necesidades de consumo internas ni por la capacidad de producción de esos sectores, sino por los dictados impuestos por Bruselas, en los que el escaso peso político de España –fruto de la ausencia de un auténtico consenso nacional sobre este asunto– juega un papel de primer orden en las negociaciones.
Ganar peso político y económico en la UE es la condición necesaria –aunque no suficiente, también hace falta voluntad y decisión política– para renegociar nuevos acuerdos que no limiten la capacidad de los sectores productivos españoles. Poniendo así fin a su dependencia de cuotas ajenas a nuestras necesidades, lo que constituye otro de los objetivos de largo alcance para la economía española.

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